El principio de responsabilidad en la participación de las veedurías en la gestión pública se fundamenta en la colaboración entre los particulares, sus organizaciones y las autoridades públicas en el cumplimiento de los fines del Estado. Por ello, el ejercicio de los derechos y deberes que a cada uno le son propios conlleva la obligación de responder en cada caso frente a sus miembros, la sociedad y el Estado. La Corte Constitucional considera el principio de responsabilidad como la guía de la conducta de los veedores. Dicha responsabilidad debe ser entendida como resultado del ejercicio de un derecho político y por tanto es una responsabilidad de esa naturaleza. No obstante, los veedores no pueden ser entendidos como ciudadanos que están libres de todo control, pues en todo caso son responsables, políticamente, frente a los demás miembros de la veeduría a la que pertenecen, a la comunidad que representan, a la sociedad en general y al Estado.
Debe estar conectado para enviar un comentario.